22 DE FEBRERO DE 2006: SE VOTA LA REFORMA AL CONSEJO DE MAGISTRATURA.

El Gobierno convirtió en ley la ansiada y polémica reforma del Consejo de la Magistratura con 148 votos tras un larguísimo debate en la Cámara de Diputados. El eje de la reforma y centro de la controversia es la reducción de los miembros de 20 a 13, que disminuye la representación de los sectores no políticos y elimina la de la segunda minoría parlamentaria del cuerpo. La iniciativa que impulsó la senadora Cristina Fernández de Kirchner hizo que el equilibrio que exige la Constitución entre representantes políticos y judiciales quedará roto, y en que el oficialismo de turno tendrá poder de veto para la designación y la remoción de los jueces, la tarea esencial del Consejo. El proyecto tuvo el apoyo de un sector del duhaldismo residual. Eliminó la participación del presidente de la Corte Suprema e incorporó la caducidad de las denuncias contra los jueces luego de tres años. 

El Jurado de Enjuiciamiento también verá disminuidos sus integrantes y dejarán de ser permanentes para ser elegidos por sorteo y los abogados quedan excluidos del proceso de selección de los magistrados. El oficialismo acusó a los detractores de la reforma de defender “intereses de corporaciones que no representan a nadie” y la kirchnerista Rosario Romero se preguntó “¿dónde estaban esos colegios (que se oponen a la reforma) para defender a los abogados que presentaban hábeas corpus por los desaparecidos?”

La legisladora entrerriana enfatizó que la nueva ley “no es ninguna concesión a la corporación judicial sino en beneficio de la comunidad, porque vamos a un Consejo dinámico que irá renovándose con jueces probos que no sean eunucos”. La dureza provino de la líder del ARI, Elisa Carrió, quien aseguró que con la sanción de la reforma del Consejo “se inaugura la Justicia presidente Kirchner y señora”. Al momento de los discursos de cierre, el jefe del bloque K, Agustín Rossi, apeló a una definición física de equilibrio para argumentar que el Gobierno no puede armar por sí solo una terna de jueces. “Reivindicamos la política como herramienta para transformar la sociedad, y no tenemos características autoritarias ni esto es un intento hacia lo hegemónico”.

El aspecto crucial de la reforma es la disminución en el número de integrantes del Consejo a trece. Para aplicarla, la representación de los jueces pasa de 4 a 3, la de los abogados de la matrícula de 4 a 2, la de los representantes académicos de 2 a 1, y la del Poder Legislativo de 8 a 6. Estos 6 asientos se distribuyen 3 por cada cámara parlamentaria, de los cuales 2 van por la mayoría y 1 para la primera minoría. En consecuencia pierden su lugar las segundas minorías. Además, establece que:

- Se elimina la participación del presidente de la Corte Suprema como integrante del Consejo, pero se conserva el único miembro que aporta el Poder Ejecutivo.

- En función de la nueva integración, el oficialismo retiene sus 5 representantes (cuatro por el Legislativo y uno por el Ejecutivo), con lo cual puede bloquear las decisiones que deben adoptarse por dos tercios de los votos: el nombramiento y la remoción de jueces, las dos funciones más importantes que tiene el órgano judicial.

- El Jury de Enjuiciamiento, encargado de dictaminar sobre la actuación de los magistrados, deja de tener integración permanente y pasa a ser un tribunal ad hoc, que se renovará cada seis meses por sorteo, el tiempo máximo para tramitar un juicio político.

- Se fusionan las comisiones de Disciplina y Acusación y se permite a dos jueces que la integren, con lo cual los magistrados quedan habilitados a juzgar a sus pares.

- Se incorpora una cláusula de caducidad en las denuncias presentadas contra un juez, por la cual se dispone que después de tres años de iniciado un expediente contra un magistrado, la causa pasará de la comisión al plenario para su inmediata consideración. En la actualidad, las causas contra los jueces no tienen plazo de prescripción.