El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas destituyeron en forma incruenta al gobierno radical de Arturo Illia. Lamentablemente, en el día de hoy (28 de junio de 2009) ha ocurrido lo mismo -una cuestión que los latinoamericanos creíamos superada- en el pueblo hondureño. Un grupo de soldados, que ni siquiera representa a todas las fuerzas armadas, secuestró y envió a Costa Rica al presidente constitucional Manuel Zelaya y plasmó el golpe de Estado. El repudio de América Latina es unánime.
Manuel Zelaya, Hugo Chávez y Daniel Ortega.
Volviendo a la Argentina el mismo día en que se instala el "onganiato" y como consecuencia de lo que vamos a relatar, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Pascual Pistarini, el almirante Benigno Varela y el brigadier Teodoro Álvarez, se hace cargo del poder en forma interina. Los primeros decretos de la Junta Sediciosa disponían -arbitrariamente- la destitución del presidente y vicepresidente, como también la de los gobernadores e intendentes. El Congreso Nacional y las legislaturas provinciales son disueltos, y se separa de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema. También es prohibida la actividad de los partidos políticos y confiscados sus bienes.
En seguida se da a conocer una proclama -el Acta de la Revolución Argentina- en la que se precisan las causas y objetivos de la intervención militar (vil justificación). Dice el citado texto:
Arturo Illia, en el momento de ser "echado" de la casa de gobierno.
"Sin autoridad auténtica -elemento esencial de una convivencia armoniosa y fecunda-, sólo puede existir un remedo de sociedad civilizada, cuya excelencia no puede ser proclamada sin agravio de la inteligencia y el buen sentido. Nuestro país se transformó en un escenario de anarquía, caracterizado por la colisión de sectores antagónicos, situación agravada por la inexistencia de un orden social elemental [...]. Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas, interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general [...] La transformación nacional es un imperativo histórico que no puede desviarse si queremos conservar nuestra fisonomía de sociedad civilizada, libre, y los valores esenciales de nuestro estilo de vida [...].
Pichón de Grondona y Biolcatti, conspirando en el 2009 de la misma manera que en 1966.
"Para ello era indispensable eliminar una falacia de una legalidad formal y estéril bajo cuyo amparo se ejecutó una política de división y enfrentamiento que hizo ilusoria la posibilidad de esfuerzo conjunto y renunció a la autoridad de tal suerte, que las Fuerzas Armadas más que sustituir un poder, vienen a ocupar un vacío de tal autoridad y conducción". Se nota aquí la pluma sibilina del periodista "griego" demócrata-golpista, Mariano Grondona, que hasta hace unos pocos día estaba conspirando abiertamente con el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, sobre la posibilidad de que el 29 de junio se acabara con la legalidad y legitimidad de la presidenta Cristina Kirchner. De jovencito o de viejo: un hijo de puta igualmente.
![]()
Mariano Grondona y Hugo Biolcatti
Asimismo, hablando de la autodenominada Revolución Argentina, el Acta pone en vigencia el estatuto de la Revolución y designa al general Juan Carlos Onganía en el cargo de presidente (?)[por qué nunca dirán "de facto"] de la República Argentina.
"General" Juan Carlos Onganía
Al día siguiente [el día que le gusta Grondona], Onganía procedía a jurar su cargo sobre los Estatutos de la Revolución. La Constitución continuaba en vigencia, en todo aquello que no contrariara dichos Estatutos, que quedaban consagrados como ley de la Nación.
Símbolo de la represión de expresiones del poder civil
No se hablaba de gobierno "provisional", ni se ponía término alguno para su función. Disuelto el Congreso, la facultad legislativa quedaba en manos del presidente: sus decretos se denominarían leyes y no requerirían ninguna otra instancia de aprobación. Al designarse nuevos miembros de la Corte Suprema, desaparecía de hecho la tradicional "independencia" del poder judicial. En cuanto al sistema federal, también se esfumaba, porque los interventores designados en las provincias recibían el cargo de gobernadores, actuando como delegados del gobierno nacional.
Noticias a tan solo un mes del golpe de Estado
Quedaba claro que no serían las Fuerzas Armadas las que gobernarían: otorgaban al general Onganía la suma del poder público. Le firmaban un cheque en blanco. La Junta de Comandantes sólo reservaba para sí dos funciones: el poder constituyente (a ella correspondía la modificación del Estatuto de la Revolución Argentina, en caso necesario) y la de gran elector en caso de vacancia del Poder Ejecutivo.
La Noche de los Bastones Largos
Onganía, el legalista de pocos años atrás, lo había exigido así como condición irrenunciable para aceptar el gobierno. Era, en verdad, coherente con su concepto de profesionalismo: las Fuerzas Armadas debían permanecer disciplinadas y apartadas de la política, que introducía en ellas el germen del estado deliberativo y la descomposición.
Tapa del Diario El Mundo
Era un verdadero cesarismo el que se establecía en el país.
Tapa de la Revista Análisis
Todo indicaba la voluntad de introducir cambios intensos en las estructuras políticas y económicas, desechando las prescripciones del sistema demoliberal, notoriamente desprestigiado por su propia deformación en el empeño de cerrar el camino al peronismo. Pero, ¿qué se propondría realmente Onganía?. ¿Cuál sería el objetivo último de las Fuerzas Armadas al depositar en sus manos esa suma de poder?. Y, fundamentalmente, ¿con qué expectativas recibía al adusto general cada sector de la sociedad argentina?.

Volviendo a la Argentina el mismo día en que se instala el "onganiato" y como consecuencia de lo que vamos a relatar, la Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Pascual Pistarini, el almirante Benigno Varela y el brigadier Teodoro Álvarez, se hace cargo del poder en forma interina. Los primeros decretos de la Junta Sediciosa disponían -arbitrariamente- la destitución del presidente y vicepresidente, como también la de los gobernadores e intendentes. El Congreso Nacional y las legislaturas provinciales son disueltos, y se separa de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema. También es prohibida la actividad de los partidos políticos y confiscados sus bienes.
En seguida se da a conocer una proclama -el Acta de la Revolución Argentina- en la que se precisan las causas y objetivos de la intervención militar (vil justificación). Dice el citado texto:

"Sin autoridad auténtica -elemento esencial de una convivencia armoniosa y fecunda-, sólo puede existir un remedo de sociedad civilizada, cuya excelencia no puede ser proclamada sin agravio de la inteligencia y el buen sentido. Nuestro país se transformó en un escenario de anarquía, caracterizado por la colisión de sectores antagónicos, situación agravada por la inexistencia de un orden social elemental [...]. Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas, interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general [...] La transformación nacional es un imperativo histórico que no puede desviarse si queremos conservar nuestra fisonomía de sociedad civilizada, libre, y los valores esenciales de nuestro estilo de vida [...].

"Para ello era indispensable eliminar una falacia de una legalidad formal y estéril bajo cuyo amparo se ejecutó una política de división y enfrentamiento que hizo ilusoria la posibilidad de esfuerzo conjunto y renunció a la autoridad de tal suerte, que las Fuerzas Armadas más que sustituir un poder, vienen a ocupar un vacío de tal autoridad y conducción". Se nota aquí la pluma sibilina del periodista "griego" demócrata-golpista, Mariano Grondona, que hasta hace unos pocos día estaba conspirando abiertamente con el presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti, sobre la posibilidad de que el 29 de junio se acabara con la legalidad y legitimidad de la presidenta Cristina Kirchner. De jovencito o de viejo: un hijo de puta igualmente.

Mariano Grondona y Hugo Biolcatti
Asimismo, hablando de la autodenominada Revolución Argentina, el Acta pone en vigencia el estatuto de la Revolución y designa al general Juan Carlos Onganía en el cargo de presidente (?)[por qué nunca dirán "de facto"] de la República Argentina.

Al día siguiente [el día que le gusta Grondona], Onganía procedía a jurar su cargo sobre los Estatutos de la Revolución. La Constitución continuaba en vigencia, en todo aquello que no contrariara dichos Estatutos, que quedaban consagrados como ley de la Nación.

No se hablaba de gobierno "provisional", ni se ponía término alguno para su función. Disuelto el Congreso, la facultad legislativa quedaba en manos del presidente: sus decretos se denominarían leyes y no requerirían ninguna otra instancia de aprobación. Al designarse nuevos miembros de la Corte Suprema, desaparecía de hecho la tradicional "independencia" del poder judicial. En cuanto al sistema federal, también se esfumaba, porque los interventores designados en las provincias recibían el cargo de gobernadores, actuando como delegados del gobierno nacional.

Quedaba claro que no serían las Fuerzas Armadas las que gobernarían: otorgaban al general Onganía la suma del poder público. Le firmaban un cheque en blanco. La Junta de Comandantes sólo reservaba para sí dos funciones: el poder constituyente (a ella correspondía la modificación del Estatuto de la Revolución Argentina, en caso necesario) y la de gran elector en caso de vacancia del Poder Ejecutivo.

Onganía, el legalista de pocos años atrás, lo había exigido así como condición irrenunciable para aceptar el gobierno. Era, en verdad, coherente con su concepto de profesionalismo: las Fuerzas Armadas debían permanecer disciplinadas y apartadas de la política, que introducía en ellas el germen del estado deliberativo y la descomposición.

Era un verdadero cesarismo el que se establecía en el país.

Todo indicaba la voluntad de introducir cambios intensos en las estructuras políticas y económicas, desechando las prescripciones del sistema demoliberal, notoriamente desprestigiado por su propia deformación en el empeño de cerrar el camino al peronismo. Pero, ¿qué se propondría realmente Onganía?. ¿Cuál sería el objetivo último de las Fuerzas Armadas al depositar en sus manos esa suma de poder?. Y, fundamentalmente, ¿con qué expectativas recibía al adusto general cada sector de la sociedad argentina?.