13 DE JUNIO DE 1946: SE INICIA LA CAMPAÑA DE LOS 60 DÍAS PARA ABARATAR EL COSTO DE LA VIDA.

El mayor problema económico en los primeros años del gobierno peronista fue –como si fuera un sino- la inflación. Dentro de un panorama general de crecimiento sostenido, el aumento de precios era muy visible aunque llevadero. Aunque sería menor que el de los años de crisis (1949-1952). Era inocultable que este incremento preocupaba al gobierno, a los industriales y a los sindicatos.

“Precios cuidados”. Así denominó el gobierno de Cristina Kirchner a su plan de contención de aumento de precios en productos de consumo masivo.

Estaban de acuerdo en que se conseguiría una solución significativa alcanzando mayores niveles en la producción. Tanto la inflación como la caída del rendimiento industrial, los antiperonistas la imputaban a problemas políticos, atravesados por esa misma dinámica: gobierno-oposición.

Desde la prensa peronista se denunciaba sabotaje y se señalaba como los mayores responsables de la especulación a los industriales y a los comerciantes: actualmente, cuando no pueden burlar el derecho obrero, cuando deben pagar jornales dignos de seres humanos –y decimos dignos y no “justos” porque eso sería lo esperable de otro ser humano que no especula-, y cuando deben respetar al proletariado, han variado la táctica y modificado sus planes. Esconder las mercaderías produciendo injustificada escasez, elevar a cifras escandalosas los precios.

Según El Laborista (4 de febrero de 1946), únicamente una mayor producción sofocaría la especulación. Los precios eran altos porque los industriales habían menguado la producción intencionadamente.

Periódico El Laborista.

El periódico CGT, en mayo de 1946, elaboró el proyecto de participación obrera en las ganancias pero se planteaba la necesidad que la misma tuviera como base y seguridad un permanente control interno en la empresa mediante un órgano constituido por obreros y empleados; sin ese control, la reforma oficial, concluyen, podría ser ilusoria (CGT, 1 de mayo de 1946).

La supervisión debía ser doble: por un lado, controlar los precios y la mercadería proveniente de los grandes industriales; por el otro, incrementar la producción.

La inquietud no era solo de la prensa. El 13 de junio de 1946, Perón anunció el inicio de la campaña de sesenta días para abaratar los artículos de primera necesidad. Todavía no hacía diez días que había asumido. En su discurso dijo que, si en el término de sesenta días los comerciantes no se ponían “a tono” con las circunstancias, se establecerían los precios fijados por el Consejo Nacional de Post Guerra, y aquellos que no pudieran vender a esos precios deberían cerrar. A mediados de julio, el secretario de Industria y Comercio, Rolando Lagomarsino, firmó un decreto destinado a reprimir las maniobras especulativas de hilado de algodón, lana y rayón.

Desde el sector patronal, se afirmaba que el encarecimiento de las mercaderías textiles se debía a un aumento del precio de los hilados, a los salarios, a las cargas sociales, y a la caída de la producción por obrero: …a causa de exceso de “enfermedades pagas” y de días feriados y de la falta de un verdadero espíritu de trabajo (¡Pero yo no entiendo cómo estos trabajadores no se avienen a ser esclavos, como lo eran antes de Perón!), consecuencia en algunos casos de una insuficiente retribución (que no es poco), pero en otros de una indebida interpretación de la justicia social que no significa amparo a la haraganería sino oportunidad de trabajo debidamente remunerado y protección ante la imposibilidad de practicarlo.

Para los industriales, el camino por seguir para limitar los aumentos no era el control de precios: era necesario restablecer el equilibrio entre oferta y demanda, y frenar nuevos aumentos de costos.