Marita Verón: cambian el fallo y condenan a los absueltos.
El Caso Marita Verónes un proceso judicial iniciado el 8 de febrero de 2012, a raíz de la desaparición de María de los Ángeles Verón (Marita), una joven tucumana de 23 años; caso relacionado con la trata de personas y prostitución forzada, concitando una amplia cobertura de los medios de comunicación. La carátula del caso es "David Gustavo Iñigo y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Promoción de la Prostitución en Concurso Víctima, María de los Ángeles Verón".
Marita Verón desapareció en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002. Sus padres, la investigación policial y los fiscales que intervinieron, han sostenido que se trató de un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución, identificando a varios sospechosos. La acusación se basó íntegramente en pruebas de testigos. La causa llegó a la etapa del juicio oral a comienzos de 2012, dictándose sentencia absolutoria para todos los acusados, en diciembre de ese año. El fundamento básico del fallo, es que los testimonios sobre los que se basa la acusación no son creíbles, a la vez de resultar contradictorios entre sí. El fallo mereció severas críticas desde los más diversos ámbitos.
El tribunal tucumano formado ad hoc, en calidad de emitir una sentencia final, que debía establecer las penas a los diez acusados del secuestro y la desaparición de Marita Verón en 2002, condenó a 22 años de prisión a José Fernando “Chenga” Gómez y a su hermano Gonzalo José “Chenguita” Gómez, mientras que impuso dieciocho años a Alejandro González y a su pareja, Daniela Natalia Milheim, considerados coautores de la "retención y ocultamiento" de la joven tucumana María de los Ángeles, agravado por "la promoción de la prostitución". Los otros seis culpables recibieron penas de entre diez y diecisiete años.
Los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez -encargados de revisar la causa e imponer el monto de las condenas luego de que la Suprema Corte provincial revocará el fallo absolutorio dictado en primera instancia- ordenaron, hasta que la sentencia quede firme, la prisión preventiva para todos los condenados, excepto para Cinthia Paola Gaitán, quien deberá cumplir un arresto domiciliario de quince días.
Además, Cinthia Paola Gaitán recibió una de las condenas más bajas por parte del tribunal, con diez años de prisión. El resto de los condenados a prisión fueron Carlos Luna (diecisiete años), Domingo Pascual Andrada (diecisiete años), María Azucena Márquez (quince años), Juan Humberto Derobertis (doce años) y Mariana Natalia Bustos (diez años).
Después de la lectura del fallo, Susana Trimarco aseguró que "hay un antes y un después desde el dictado de este fallo" y celebró que "después de doce años de lucha, algo vamos consiguiendo". "A Marita no la encontré, pero acá se hizo justicia por tantas chicas que esta gente les hizo muchísimo daño y aún hoy viven con miedo", consideró Susana Trimarco.
La luchadora contra la trata de personas advirtió que "esperaba mucho más" porque "estos desaparecedores de gente tendrían que pasar toda la vida en la cárcel", pero reconoció estar "conforme" con el trabajo del tribunal, en relación al fallo absolutorio de 2012 dictado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
Luego, la titular de la “Fundación María de los Ángeles” aseguró: "No quiere decir que luego de este fallo no vaya a seguir luchando. Lo voy a seguir haciendo hasta el día en que sepamos qué hicieron con Marita". En ese sentido, Trimarco esperó que los condenados "abran su corazón y digan dónde está Marita. No puede ser que una persona se apropie así de otra y la haga desaparecer. Todos los que estaban sentados en el banquillo lo saben".
Por último, la mujer volvió a mostrar el alivio por el fallo ya que trae "un poco de paz para Mica (Micaela, hija de Marita) porque esta gente (los condenados) se burlaban de ella, la llamaban, la perseguían" y agradeció el acompañamiento "de madre a madre" que le ofreció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.