Durante un año de investigación (peritajes, análisis de filmaciones y comunicaciones policiales, testimonios directos y reconstrucciones en el lugar) el fiscal Sandro Abraldes afirmó que la Policía Metropolitana fue responsable de los disparos con balas de plomo que mataron a Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña en el desalojo feroz del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010.

Atribuyó a los mismos las heridas sufridas por otras seis personas con el mismo tipo de proyectiles. Requirió que sean citados a indagatoria 33 policías porteños, algunos con cargos jerárquicos. También sostuvo que el operativo fue conjunto y que las órdenes las daba la Policía Federal. Por eso pidió la declaración de cuatro comisarios e imputó abuso de armas de fuego a ocho agentes que disparaban desde arriba del puente de la avenida Escalada. Abraldes, también, imputó y pidió la citación de la jueza María Cristina Nazar, quien diera la orden de expulsar a los ocupantes del predio de Villa Soldati. La jueza actuó de manera forzada -¿posibles presiones?- sin supervisar ni tomar medidas para proteger la vida de las personas en riesgo.

El Fiscal Sandro F. Abraldes

La decisión de concretar los llamados a indagatoria será del juez Luis Otero. Según la Fiscalía, los balazos mortales se originaron en un grupo de agentes de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) –una guardia de Infantería–, encabezados por el comisario Ricardo Ferrón –vinculado por el legislador Marcelo Parrilli con un operativo de la dictadura– y también tuvo un papel importante la División Vigilancia Preventiva de la fuerza. Los integrantes del grupo de donde salen los disparos fueron acusados de “homicidio en agresión”, pues “ninguno de los fallecidos ni lesionados se encontraba atacando a la policía”. El dictamen sugiere que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño incentivó el desalojo y la acción de la Metropolitana.

Momentos después del asesinato de Bernardo Salgueiro, en la represión del primer día a los vecinos del Parque Indoamericano.

A Salgueiro, de 22 años, le dispararon poco después de iniciado el desalojo, en la entrada a la Villa 20 -en diagonal bajo del puente de Escalada- lugar en el que estaba la Metropolitana. A Chura Puña, de 28 años, la asesinaron una hora después en el otro extremo del Indoamericano (cerca de la autopista Cámpora y Castañares), donde se había trasladado el equipo de la DOEM, según consta en las imágenes registradas por las cámaras cercanas. A ambos les extrajeron el mismo tipo de proyectil: de plomo, calibre 12 milímetros, compatible con escopetas policiales de munición múltiple. Los seis heridos de bala estaban en la misma zona que ellos.

La jueza penal porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el operativo de desalojo del Parque Indoamericano y luego fue sobreseída.

El gobierno porteño negó que se hayan usado balas de plomo; Abraldes lo refutó. Los peritajes de gendarmería demostraron que las municiones fueron “adulteradas”, mezcladas las de goma con las de plomo. El “grupo de elite” comandado por Ferrón está capacitado para hacer algo así. Las muertes y lesiones fueron “consecuencia directa” del “accionar policial violento”, un ataque “desplegado injustificada e innecesariamente”. “La utilización de armas y municiones de efectos letales, a escasos metros de distancia y apuntando a la zona en que estaban los perjudicados, con un ángulo que necesariamente impactaría en sus cuerpos”, mostraría que “actuaron con conocimiento y aceptación” de las “consecuencias”.

 

Según el fiscal, la Metropolitana y la Federal violaron las normas que los obligan a preservar la seguridad y la vida de las personas. “Los disparos realizados no han sido defensivos sino ofensivos”. Fueron 581. Hubo una reunión de trabajo previa entre jefes policiales en la seccional 52.