La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional el envío de un proyecto de ley que prevé disolver la Secretaría de Inteligencia (SI), considerando que los servicios “no sirvieron a los intereses del país”.
La presidenta Cristina anunció que tanto el director y como el subdirector de la nueva Agencia de Inteligencia serán propuestos por el P.E. pero deberán contar con la aprobación del Senado, sus funciones estarán sujetas a la Constitución y a los tratados internacionales de Derechos Humanos, y las escuchas telefónicas pasarán a la órbita de la Procuración General de la Nación. Repasó a la causa AMIA, que el 18 de julio de 2015 cumplirá 21 años sin detenidos, lamentó la muerte del fiscal Alberto Nisman y reclamó que su muerte se transforme en “el hilo de Ariadna, que nos permita dar respuesta a las 85 víctimas y a sus familiares”. Insistió por la reforma del Poder Judicial y advirtió que la demanda de Justicia “es muy fuerte en la sociedad”.
Recordó esto en la TV luego de la muerte del fiscal de la causa AMIA, memoró que en 2003 su antecesor, Néstor Kirchner, advirtió que la Argentina democrática arrastraba “el estigma de la impunidad” y que el combate a la misma se consolidó en “uno de nuestros pilares”, en un país que tenía “dos hitos, el terrorismo de Estado, con miles de desaparecidos, detenidos y exiliados, cuyos responsables estaban libres, y dos atentados del terrorismo internacional, la voladura de la Embajada de Israel, en 1992, que provocó 29 muertos, y el atentado a la AMIA, con 85 muertos”.
Siguió CFK, quien reportó que luego de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, se reanudaron 16 juicios de lesa humanidad y en ese momento había “558 condenados, 900 procesados y más de mil y pico de detenidos”. Aunque lamentó que de los otros dos atentados no hubiera ni un solo condenado ni detenido.
“A poco de asumir Kirchner, el 2 de junio de 2004 el tribunal oral federal que juzgaba a todos los detenidos (de la AMIA) los dejó en libertad y demolió la instrucción”. “Pocos días después, el 13 de junio, se conformó la Unidad especial de investigación del atentado a la AMIA, y el procurador general adjunto, Eduardo Ezequiel Casal (no Esteban Righi, quien había actuado como defensor de Hugo Anzorreguy en la misma causa) firmó la designación de Nisman”.
“Desde entonces, comenzamos intensamente a hacer un reclamo permanente en la ONU, una vez que el fiscal denunció a los iraníes involucrados en el atentado. Durante 6 años reclamamos en la ONU con el apoyo de la comunidad judía […] hasta que los representantes de la República de Irán reconocieron públicamente que se sentarían a considerar cooperar judicialmente con la investigación”. “La Argentina sostuvo fervientemente mantener las alertas rojas (pedidos de captura internacional), que sólo los jueces pueden pedir o revocar […] La ley argentina establece que nadie puede ser juzgado en ausencia, y la ley iraní prohíbe que sus ciudadanos sean juzgados fuera de su país […] Así llegamos al Memorándum de entendimiento… pero allí se desataron todos los demonios. La AMIA impulsó el proceso para que se declarase inconstitucional, a pesar de que no era materia judiciable […] cosa que consigue en segunda instancia”.
Después de recordar la desclasificación de todos los archivos de la causa y el relevamiento del secreto a todos los agentes de inteligencia involucrados en la investigación, CFK dijo que “nadie puede dudar de todo el empeño que pusimos para esclarecer los dos atentados”. “Desde 2013 integrantes de los servicios de inteligencia comenzaron a bombardear el acuerdo, y se intensifica la serie de denuncias contra esta presidenta, con un ritmo de vértigo, con la complicidad de jueces, fiscales y periodistas […]”. Por eso, advirtió la presidenta, “cuando asumen las nuevas autoridades de la Secretaría de Inteligencia (SI), desplazan a muchos agentes del organismo, una deuda pendiente desde 1983”.
La nueva agencia, aclaró CFK, tendrá competencia “en la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas y los ciberdelitos". Se establece que las escuchas telefónicas se transfieren a la órbita del Ministerio Público Fiscal, el único organismo “extra poder”. Cristina se refirió a la denuncia del fiscal Nisman, quien la acusó, junto con el canciller y a otros funcionarios, de haber “confabulado el memorándum”, y advirtió que “no hay un solo abogado, un solo doctrinario, un solo magistrado que pueda creer que haya sido escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal". “Es descabellado desde lo político pensar que nuestro gobierno, que ha sido fundamental en la lucha contra el terrorismo, pueda siquiera ser sospechado" de la maniobra de encubrimiento.
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